La Cámara del caso “NIC 6209” acaba de anular una condena penal porque el juez inescrupuloso Carlos Richeri, de primera instancia. usó inteligencia artificial para redactar parte de la sentencia. Y no fue una sospecha vaga: en el texto quedó un fragmento que lo delata —“aquí tienes el punto IV reeditado…”— como si el sistema le estuviera hablando al juez. Ese detalle bastó para que el tribunal dijera: “no hay fundamentos válidos, porque no se puede saber qué parte escribió el juez y cuál la máquina”.
La resolución cita el Acuerdo Plenario 5435/25 del Superior Tribunal de Justicia, que establece reglas claras para el uso de IA en el ámbito judicial: debe haber control humano, trazabilidad, confidencialidad y explicabilidad. Según la Cámara, esas pautas se violaron, y eso afecta garantías básicas como el derecho de defensa y el deber de motivar las decisiones. Por eso se anula todo lo actuado y se ordena un nuevo juicio con otro juez. Además, se limita la actuación del Ministerio Público: no podrá usar el video que no proyectó en el juicio anterior, y si hay una nueva condena, no podrá ser más grave que la original.
Ahora bien, más allá del escándalo por el uso de IA, el razonamiento judicial tiene sus aciertos y sus excesos. Lo positivo es que el tribunal marca un límite institucional claro: el juez no puede delegar el razonamiento en un sistema automático. Eso preserva la responsabilidad judicial y permite el control democrático de las decisiones. También fue prudente al ordenar un nuevo juicio sin agravar la situación del imputado.
Lo discutible, en cambio, es que la Cámara no analiza si ese uso de IA realmente influyó en el resultado. No demuestra que el fallo fuera injusto, sino que “no se sabe cuánto escribió el juez y cuánto el sistema”. Es decir, convierte una sospecha en causa de nulidad total. Y eso puede ser problemático: en lugar de ordenar que el juez fundamente de nuevo, directamente borra todo el juicio. En cuanto al video, la sanción al fiscal parece excesiva: se le impide usar una prueba que no fue exhibida, cuando tal vez bastaba con una advertencia procesal menos drástica.
En síntesis, el fallo es interesante por lo novedoso, pero un poco maximalista. Mezcla una preocupación ética legítima por el uso de IA con una sanción procesal fuerte, sin medir si hubo un perjuicio real. Dicho de otro modo, la forma se comió al fondo.
Dirección Primer Dato.
