La falta de transparencia, la ausencia de respuestas claras y la tendencia a ocultar información en lugar de rendir cuentas del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, frente a las denuncias que lo comprometen no es, como podría creerse, un gesto de prudencia. Muy por el contrario, profundiza la crisis institucional que lo envuelve y refuerza la percepción de que el máximo órgano judicial de la provincia ha optado por blindarse, en lugar de rendir cuentas.
El escenario es delicado. Los cuestionamientos al STJ no se limitan a un hecho aislado o un error puntual. Responden a un patrón sostenido de opacidad, privilegios y discrecionalidad, cuya expresión más visible fue la acordada que eximió del Impuesto a las Ganancias a una de sus integrantes, en abierta contradicción con la ley nacional vigente.
Pero ese no es el único hecho alarmante. Las denuncias incluyen beneficios económicos desproporcionados, contrataciones sin concurso, falta de transparencia presupuestaria y decisiones que evitan el debate público y el control judicial. Todo esto revela una cultura institucional anclada en el secretismo, alejada de los principios básicos del Estado de Derecho.
En este contexto, el silencio no es neutral: es una estrategia para evitar el escrutinio y conservar privilegios. Pero esa actitud tiene consecuencias: mina la confianza pública, debilita la legitimidad judicial y proyecta una sensación de impunidad que daña al sistema democrático provincial.
La gravedad del momento exige más que explicaciones tardías. La legitimidad de un tribunal no se sustenta únicamente en la Constitución, sino en el cumplimiento cotidiano de su deber de transparencia, imparcialidad y servicio al interés público. Y en este punto, el STJ está fallando gravemente.
Frente a posibles denuncias penales y pedidos de juicio político ya anunciados, los ministros no podrán seguir en silencio. La propia Constitución del Chubut, en su artículo 68, exige que los funcionarios públicos imputados por delitos o faltas graves respondan institucionalmente, ejerzan su defensa y se sometan al proceso correspondiente.
Lo que está en juego no es una cuestión personal ni partidaria. Es la credibilidad de uno de los poderes fundamentales del Estado y la garantía de que el pueblo de Chubut pueda confiar en una justicia verdaderamente independiente, legal y ética.
La crisis del STJ no se resuelve con comunicados ambiguos ni con el paso del tiempo. Se necesita una reforma profunda, honesta y valiente, que revierta las prácticas cuestionadas y promueva una justicia transparente, profesional y al servicio de la ciudadanía.
Y si esa transformación exige decisiones políticas o legislativas de fondo, no debe temerse. La democracia no puede sostener instituciones que se autoprotegen mientras le dan la espalda a la sociedad que deben servir.(Editorial Primer Dato)
