La Corte Suprema le dio la razón a una madre que reclamaba que la provincia de Entre Ríos le garantizara una propuesta educativa inclusiva para su hija con discapacidad. El fallo, firmado por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, se conoció en el primer acuerdo que celebraron los cortesanos tras la visita del papa León XIV. Uno de los mensajes más fuertes que dejó el pontífice fue que las personas con discapacidad no son un peso para la sociedad, sino una bendición que ayuda a recordar al resto el valor de la dignidad humana.
LPA tiene una hija con discapacidad certificada. La niña transitó la escolaridad primaria con una propuesta adaptada e inclusiva. En 2024, comenzó el primer año de la secundaria en una escuela de artes visuales. Al año siguiente, decidió cambiarse a otro colegio. Los problemas comenzaron dos meses después de iniciado el ciclo escolar.
El 6 de mayo de 2025, LPA fue convocada al colegio de su hija. Allí le propusieron, en primera instancia, que siguiera sus estudios en una escuela de educación especial. Como ella se opuso, le ofrecieron que la adolescente cursara cuatro materias, lo que implicaba estar en la escuela aproximadamente una hora por día, cuatro días a la semana.
El programa que le ofreció el establecimiento implicaba que cursara Música, Artes Visuales, Educación Física y Tecnología. Ninguna de las materias era de las que se consideran troncales.
El 19 de mayo del año pasado, hubo otra reunión entre la madre y la escuela. Allí, las autoridades llevaron una propuesta para que pasara a estudiar a una escuela especial determinada. La mujer rechazó la iniciativa y la niña dejó de asistir al establecimiento. El argumento central de la madre es que el planteo no constituía una propuesta planificada y diseñada de acuerdo con la singularidad de su hija.
LPA decidió judicializar su reclamo. El juez de primera instancia le dio la razón: hizo lugar a un amparo y le dio 20 días corridos al Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos para que confeccionara un proyecto pedagógico individual (PPI) para la inclusión escolar de la adolescente.
La provincia recurrió la sentencia. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) revocó la decisión del magistrado de primera instancia con un argumento formalista: sostuvo que no correspondía la vía del amparo porque había un trámite administrativo abierto en la Departamental de Escuelas de Rosario del Tala.
La madre fue en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ese momento, denunció que se estaban violando derechos constitucionales, como la tutela judicial efectiva, el interés superior del niño y el derecho a una educación inclusiva. Denunció, además, que la maniobra de las autoridades educativas entrerrianas tenía un resultado evidente: hacía cinco meses que su hija no estaba escolarizada.
El reclamo llegó al máximo tribunal a finales del año pasado. Desde abril, la Corte ya estaba en condiciones de pronunciarse porque había recibido el dictamen de la Defensoría General de la Nación.
En la Corte comprobaron que el 16 de abril del año pasado —antes de que la madre fuera convocada por la escuela— se había iniciado un expediente administrativo a partir de una presentación de la rectora del establecimiento, quien le había hecho llegar un informe pedagógico de la niña a la supervisora zonal.
Después de la negativa de la madre a aceptar la propuesta de cursar cuatro horas por semana o cambiarse a una escuela especial, la supervisora zonal le informó del tema a la defensa pública y al Consejo Provincial del Niño, Adolescente y la Familia. A su entender, la oposición de la tutora implicaba una vulneración del derecho a la educación.
Sin embargo, para la Corte Suprema, que ese expediente estuviera abierto no quería decir que las autoridades estuvieran haciendo algo para resolver la situación. En su voto, Rosatti y Rosenkrantz sostuvieron que el Superior Tribunal de Entre Ríos se había limitado a aludir a un procedimiento administrativo sin analizar si era útil para salvaguardar los derechos de la niña, sobre todo cuando las autoridades provinciales habían dicho que ya se habían agotado todas las alternativas que el sistema educativo local podía ofrecer.
“Esta aseveración, plasmada en las actuaciones administrativas, mostraría que el mencionado procedimiento se encuentra concluido o, cuanto menos, no sería un canal idóneo para dar solución al conflicto. Frente a ello, los jueces intervinientes tenían el deber de actuar con premura y brindar una respuesta jurisdiccional que –atendiendo a los derechos involucrados– no se detuviera en formalismos que privaran a la actora del acceso a la jurisdicción”, escribieron Rosenkrantz y Rosatti.
Lorenzetti emitió un voto concurrente en el que llegó a la misma conclusión, pero con otros argumentos. El cortesano fue el más enfático a la hora de señalar que la adolescente había sido privada de su derecho al acceso a la educación. En ese sentido, recordó que todas las personas tienen un derecho fundamental de acceso a la educación sin discriminación por razones físicas. También insistió en que es necesario adoptar medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades.
“El derecho a la educación tiene una especial calificación en relación a personas vulnerables, como los niños y personas con capacidad diferente”, escribió Lorenzetti.
En su voto, enumeró distintos instrumentos que garantizan el derecho que estaba reclamando A para su hija. Por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño establece que debe existir educación en igualdad de oportunidades. En una línea semejante lo sostiene también la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley de Educación Nacional e incluso la Constitución de Entre Ríos, que les garantiza a las personas con discapacidad el acceso a la educación en todos los niveles con la infraestructura necesaria.
Lorenzetti remarcó que un derecho no puede quedarse en la mera declaración y que, por el contrario, tiene carácter operativo. Esto implica que debe garantizarse y que debe ser exigible. “Una interpretación que frustre la aplicación efectiva de un derecho fundamental no solo diluye las finalidades de la legislación, sino que provoca una pérdida de confianza en las instituciones que debe ser evitada”, escribió el juez supremo.
La alusión de Lorenzetti a la pérdida de confianza en las instituciones que no garantizan el goce efectivo de derechos fue el mensaje político más nítido de la sentencia, sobre todo después de los distintos discursos y homilías que dio León XIV desde que llegó al país el domingo pasado, en los que habló de los más débiles.
La elección del caso también constituye un mensaje por parte de la Corte, que no se ahorró críticas ni reproches a sus colegas entrerrianos. El fallo pone el dedo en la llaga en una de las cuestiones más sensibles también para la administración de Javier Milei, que hizo que las personas con discapacidad sintieran el ajuste de la motosierra. Por otro lado, en los tribunales de Comodoro Py tramita la causa sobre los negociados en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que dirigía nada más y nada menos que Diego Spagnuolo, abogado del Presidente.
Los cortesanos le ordenaron al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que dicte un nuevo pronunciamiento que recoja los lineamientos de este fallo. Desde la Corte hicieron trascender que el pronunciamiento debería ser urgente.
