
La Policía allanó el domicilio de quien fuera la titular del área de Tasas del Superior Tribunal de Justicia, ante una orden de la jueza Ana Karina Breckle por una denuncia del ministro Daniel Báez. Fue este viernes y habrían secuestrado documentación vinculada al sumario que se lleva adelante contra el ex administrador general, Héctor Capraro.

Capraro es investigado por presuntas irregularidades en la tasa de justicia.
La investigación interna en el STJ por el manejo de las tasas de justicia sigue en pie y en pleno desarrollo. Según trascendió en el portal de noticias ADN Sur, el Ministerio Público Fiscal allanó este viernes en Trelew el domicilio de una importante funcionaria, quien era la responsable del área de Tasas y mano derecha de Héctor Capraro, ex administrador general del Poder Judicial.
Se habría encontrado documentación sensible dentro del sumario que se sigue contra Capraro y la funcionaria judicial, y fue consecuencia de los dichos de un empleado del área de Tasas, quien declaró en la investigación por el sumario, que había visto a la funcionaria (estando ya suspendida) ir a la oficina y llevarse papeles a su casa.
Por lo que se dio a conocer, cuando el empleado declaró ante el instructor sumariante, Daniel Báez, el ministro de la Sala Penal hizo la denuncia en la fiscalía de Puerto Madryn el jueves 12, y al día siguiente la jueza Breckle autorizó que se lleve adelante el procedimiento.
El escándalo se hizo público hace aproximadamente un mes atrás, cuando Capraro fue suspendido luego de dos auditorías que terminaron en un sumario para determinar la existencia de posibles irregularidades en el cobro de tasas de justicia y en el otorgamiento de cargos.
Luego del escándalo, Capraro presentó la renuncia, y si bien le fue aceptada, aún no se le dio vía libre al trámite jubilatorio. También fue suspendida la funcionaria a la que se le realizó el allanamiento, quien sería su mano derecha, y que ahora fue denunciada penalmente por Báez por presunta infracción al artículo 255 del Código Penal.
Según informó el portal de noticias ADN Sur, si se llegara a verificar que los papeles secuestrados están estrechamente vinculados a la investigación, la funcionaria quedaría implicada no sólo a nivel administrativo, sino también por un posible delito penal.
