Buenos Aires, 28 abril (NA) — Las paradas de colectivos con largas colas e interminables esperas, a pocos días de implementarse un aumento en el boleto del 5,4% en el Área Metropolitana de Buenos Aires, que lleva el mínimo a $753,74, constituyen el precio que debe pagar el pasajero por viajar en un transporte público, el que está a punto de ser declarado en emergencia por las cámaras representativas de la región metropolitana.
Aducen las entidades empresariales, de acuerdo a las comunicaciones oficiales recibidas en la Agencia Noticias Argentinas, que el Estado mantiene una abultada deuda que supera los 128 mil millones de pesos en concepto de compensaciones, y que ni el Estado Nacional y ni la Provincia de Buenos Aires brindan definiciones concretas respecto a cómo se afrontarán los mayores costos derivados del aumento del precio del gasoil y otros insumos básicos.
El servicio que brindan, en consecuencia, redujo frecuencia, presenta unidades saturadas y torna más largos los viajes.
Este martes 28 parecía haber paro de colectivos, si bien solo algunos no prestan servicios.
Se trata de las líneas 707, 333, 407 y 437, que pertenecen a la empresa Micro Ómnibus General San Martín (Mogsm) S.A. y circulan en la Zona Norte del conurbano bonaerense.
Los trabajadores de dicha compañía llevan adelante un paro en reclamo de salarios adeudados que se extiende hace ocho días.
Menos unidades en servicio
Si bien en abril se produjo un recorte del 40% en la cantidad de unidades en circulación como respuesta de los empresarios a la falta de soluciones, lo cierto es que, en realidad, en los últimos años estuvo cayendo de manera sostenida, mientras el costo del boleto se disparaba, conforme a un informe elaborado por la facultad de Ciencias Económicas de la UBA.
En números, en noviembre de 2019 circulaban 19.348 micros en el AMBA, bajaron a 18.639 en octubre de 2023, luego a 17.731 un mes después y finalmente a 16.989 en marzo de 2026, unos 2.500 menos.
De modo que la caída es cercana al 12%.
En el mismo lapso de algo más de seis años, el boleto mínimo registró un incremento de más del 1.200%, incluso en un contexto en el que las empresas continuaron recibiendo subsidios, aunque con recortes y demoras en los pagos.
Compleja administración de los subsidios
El trabajo realizado por UBA también advierte sobre la complejidad en la administración de esos subsidios, que se reparten entre Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad y concluye en que esa superposición de responsabilidades genera desajustes que terminan afectando la eficiencia del sistema.
El investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA, Rafael Skiadaressis, explicó que el sistema atraviesa un deterioro sostenido en su calidad y que la situación se agravó especialmente por el aumento del precio del combustible.
Afirma que los mayores costos no fueron compensados ni con subsidios ni con ajustes tarifarios inmediatos.
Y asimismo que se acumuló desde entonces deuda, particularmente debida al subsidio social destinado a jubilados, que ya ronda los 80 mil millones de pesos.
Las empresas han ido reaccionando: primero, postergan la renovación de flota y luego reducen la cantidad de unidades activas, lo cual con el tiempo se traduce en micros más viejos, más fallas y menos kilómetros recorridos.
El esquema de subsidios también se volvió más fragmentado desde 2024, dividido según jurisdicciones.
Además, la suspensión del boleto integrado en la provincia de Buenos Aires sumó presión sobre los costos y sobre el bolsillo de los usuarios.
De mal en peor
El informe advierte que, de no mediar soluciones de fondo, la tendencia seguirá empeorando.
Con menos micros, tarifas en alza y un servicio cada vez más limitado, el transporte público del AMBA enfrenta un escenario crítico que impacta de lleno en la vida cotidiana.
La mayoría de las líneas de colectivos que circulan en el AMBA operan al 70% de su capacidad al haber disminuido frecuencias.
Se trata de una medida que las empresas de transporte urbano tomaron desde principios de mes por la suba del precio del gasoil, como consecuencia de la guerra en el Medio Oriente.
Dado que siguen las negociaciones con el Gobierno, las cámaras empresariales advierten que puede haber un mayor recorte de los servicios.
La tensión creció el 9 de abril, cuando la frecuencia de los colectivos coincidió con un paro que llevó a cabo la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para reclamar por el pago de los salarios de los choferes.
El Poder Ejecutivo giró un anticipo equivalente a una parte relevante de los subsidios y se empezó a recomponer el servicio.
Varias líneas fueron normalizando su funcionamiento de manera gradual, aunque con diferencias según la situación financiera de cada empresa.
