La campaña electoral en Perú se tiñó de sangre en cuestión de segundos. Susy Ysabel Aponte Polo, una periodista de 44 años que competía para alcanzar el Gobierno Regional de Áncash, fue asesinada a balazos este sábado mientras caminaba rodeada de simpatizantes en un concurrido mercado de la ciudad de Caraz, ubicada a más de 300 kilómetros al norte de Lima. El crimen quedó registrado en un video que muestra el instante exacto en que la dirigente del espacio «Socios por Áncash» se desploma en el suelo, desatando el pánico entre vecinos y comerciantes que intentaban buscar refugio.
La brutal ráfaga de disparos no solo terminó con la vida de la candidata que se preparaba para las elecciones del próximo 4 de octubre. De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional del Perú (PNP), otras cinco personas resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas de urgencia al hospital regional. En medio del caos, las fuerzas de seguridad lograron detener a un sospechoso: se trata de un ciudadano venezolano de 32 años, identificado como Luis Obispo Díaz, a quien le encontraron un arma de fuego.
El perfil de la víctima, conocida popularmente como «La China Polo», estaba marcado por la confrontación. A través de su portal informativo «China Polo Dominical«, Aponte construyó una agenda basada en exponer presuntos hechos de corrupción e irregularidades dentro de las propias fuerzas de seguridad. El nivel de exposición era tan alto que, apenas unos días antes del desenlace fatal, utilizó sus redes sociales para denunciar públicamente que estaba recibiendo amenazas originadas desde el interior de las cárceles.
El entramado detrás de las intimidaciones suma nombres propios de peso, según la información aportada por medios locales. Tal como publicaron las cadenas RPP y La República, la periodista llegó a apuntar directamente contra el general de la PNP, Víctor Revoredo, por las amenazas sufridas. Al mismo tiempo, el historial de Aponte también registraba manchas legales: la candidata arrastraba dos condenas previas por falsedad ideológica y falsificación de documentos.
Con el principal sospechoso tras las rejas, la maquinaria judicial ya se puso en marcha. La Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer tomó el caso y abrió una investigación preliminar caratulada bajo el delito de femicidio. El primer paso de los investigadores es rastrear y analizar al detalle todas las cámaras de videovigilancia de la zona comercial para confirmar, sin margen de duda, si el ciudadano venezolano detenido es quien ejecutó los disparos.
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El repudio institucional y un país en emergencia
A través de un comunicado oficial, el Jurado Nacional de Elecciones condenó rotundamente el asesinato y le exigió a las autoridades una rápida resolución del caso. «La violencia no tiene cabida en una sociedad democrática», sentenció el organismo encargado de velar por los comicios.
Por su parte, el Consejo de la Prensa Peruana también alzó la voz para exigir respuestas contundentes. La entidad, que recordó que el trágico 2025 cerró con cuatro periodistas asesinados a nivel nacional según cifras policiales, remarcó la urgencia de descubrir qué motivó el ataque. «Es necesario que se esclarezcan los móviles del homicidio. Otros casos de asesinatos no han sido esclarecidos», advirtió el gremio en sus redes sociales.
Este baño de sangre impacta de lleno en un contexto de vulnerabilidad extrema a nivel nacional. Perú atraviesa una escalada criminal empujada por el sicariato y la extorsión, una crisis que la presidenta Keiko Fujimori prometió neutralizar. Como respuesta a esta ola de violencia, el gobierno implementó recientemente medidas drásticas, que incluyen la declaración del estado de emergencia en Lima y en cinco cárceles, junto con la puesta en marcha de un comité de inteligencia enfocado en desarmar a las organizaciones delictivas.
